El Gobierno del Estado de Durango, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, representada por Óscar Armando Galván Villarreal, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, representada por Noel Díaz Rodríguez, signaron un convenio de colaboración mediante el cual se establecen mecanismos de coordinación que permitan fomentar la paz y la seguridad pública, así como promover un entorno libre de corrupción.
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
La Secretaría de Seguridad Pública, auxiliará a la Fiscalía especializada para el cumplimiento de sus funciones sustantivas, tal como lo establece el artículo 98, fracción XXIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.
PREVENCIÓN DEL DELITO
Un objetivo importante a tomar en cuenta es la realización de estudios de diagnóstico encaminados a la identificación de patrones de actuación reiterada, sistemática o generalizada de fenómenos criminales en el Estado, que permitan el diseño de políticas y programas para su atención, de manera que puedan articularse estrategias y acciones preventivas conjuntas.
Asimismo, homologar criterios respecto a la recepción de denuncias o querellas por hechos probablemente delictivos, a fin de que el trámite de las mismas sea de forma ágil y sin demora alguna.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA
Ambas instituciones, se comprometen a recabar, compilar, procesar e intercambiar, en el ámbito de su competencia, información actualizada sobre seguridad pública que permita realizar programas conjuntos en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos.
PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN Uno de los compromisos de este convenio es el de promover acciones de formación, profesionalización, actualización y certificación del personal que realiza funciones de seguridad pública y procuración de justicia, mediante la impartición de cursos, seminarios, talleres, congresos internacionales, nacionales o locales; así como promover el fortalecimiento de los valores éticos y de integridad de los servidores públicos, a fin de ajustar su actuación a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
PROTECCIÓN A DENUNCIANTES
En el documento destaca también el compromiso de coordinar esfuerzos para garantizar la protección de denunciantes, víctimas, testigos, alertadores y servidores públicos expuestos en delitos por hechos de corrupción.
