- SECOED denuncia irregularidad en Telesecundarias ante la Fiscalía anticorrupción
Adolfo N, Subdirector de Administración y Finanzas del Sistema Estatal de Telesecundarias (SETEL), fue vinculado a proceso por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, previsto en el artículo 326, fracción II del Código Penal de Durango, el cual señala que comete este delito quien “Ejerza las funciones de un cargo o comisión sin satisfacer los requisitos legales”.
La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango denunció ante la Fiscalía anticorrupción que luego de tener conocimiento de la existencia de diversas irregularidades en el otorgamiento y asignación de plazas de personal adscrito a la subdirección de administración y finanzas del Sistema Estatal de Telesecundarias, su búsqueda arrojó que el titular de dicha área no cuenta con el respaldo documental para ocupar la plaza referida.
Con estos elementos, el agente del Ministerio Público especializado en delitos de corrupción realizó la investigación correspondiente para acreditar la presunta responsabilidad del imputado.
INVESTIGACIÓN
Según el Manual General de Organización del Sistema Estatal de Telesecundarias, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango número 82 bis, 13 de octubre de 2016, quien ocupe el cargo de la Subdirección de Administración y Finanzas debe contar con título de licenciatura en administración, economía, relaciones públicas, contador público o carrera afín, así como tres años de experiencia mínima en administración pública.
Estos requisitos fueron obviados, pues en 2017, el entonces Director General de dicho organismo público descentralizado otorgó el nombramiento respectivo a Adolfo N, quien no cuenta con el título de la profesión con que se ostenta de licenciado en administración y negocios internacionales y, de igual forma, no acreditó la experiencia requerida para el puesto.
En la audiencia de vinculación a proceso, el Juez de Control estableció diversas medidas cautelares en las que se ordenó la separación temporal del cargo, así como el pago de una garantía económica, estableciéndose un plazo de cierre de la investigación complementaria de tres meses.
